El tribunal afirmó que esta obligación no cesa una vez firmado el contrato sino que continua vigente durante el tiempo en el cual el contrato se va ejecutando.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Sexta Nominación de Córdoba confirmó una sentencia de primera instancia que condenó a una empresa dedicada a la venta de automóviles “cero kilómetro” a través de planes de ahorro, a pagar a un consumidor $28.620 en concepto de daño patrimonial y moral, por haber vulnerado el deber de información con el cliente.

El usuario que formuló el planteo había entendido que para obtener la adjudicación del automóvil bastaba con el pago de la sexta cuota del plan de ahorro, junto al envío del formulario de adjudicación. Según las constancias de la causa, el demandante continuó con el pago de las cuotas subsiguientes y frente a la falta de respuesta de la accionada, en orden a la entrega del vehículo, inició un reclamo ante la Dirección de Defensa del Consumidor. La incomparecencia de la empresa en la instancia administrativa provocó que, luego, el afectado entablara una acción judicial.

El tribunal de alzada destacó que “el deber de información que pesa sobre la empresa proveedora no cesa una vez firmado el contrato en el cual se explicitaron los deberes y obligaciones de las partes, sino que la carga de atender las inquietudes de los consumidores continua vigente durante el tiempo en el cual el contrato se va ejecutando.” En esta dirección, la Fiscalía de Cámara Civil puntualizó en su dictamen que la conducta asumida por la demandada en la etapa de cumplimiento de contrato patentiza el incumplimiento del deber de información. En este sentido, agregó: “La proveedora tenía la obligación de dar respuesta al consumidor informando la falta de cumplimiento de los requisitos contractuales (…) De tal modo, quedó evidenciada la vulneración del deber de información en la etapa de cumplimiento del contrato, pues el propósito de ella radica en garantizarle al consumidor una correcta cooperación en miras a la ejecución satisfactoria del contrato.”

Si bien la firma demandada, al fundamentar el recurso de apelación, esgrimió que el actor nunca había cuestionado las cláusulas contractuales, la Cámara señaló que, a los fines de enervar la procedencia de la demanda, no era suficiente la mera argumentación que los términos del contrato resultaban claros. Ello así, puesto que la compañía accionada se encontraba obligada a brindar la información necesaria a los fines de despejar las inquietudes del consumidor.

Para resolver la causa los magistrados tuvieron especialmente en cuenta los principios reconocidos por el derecho del consumidor, los cuales encuentran recepción normativa en el Código Civil y Comercial.

En la resolución, los vocales explicaron que la normativa referida a la relación de consumo tiene ínsito el principio protectorio de la parte más débil. Dicho precepto autoriza que, en caso de duda, siempre debe estarse a la situación más favorable para el consumidor. Esta regla se erige en la norma fundante del sistema y sobre la cual se asienta el resto del sistema.

Mariano Taddei
(Poder Judicial de la Provincia de Córdoba – Río Cuarto)