En el marco de la ley de solidaridad y reactivación productiva impulsada por el nuevo gobierno en el congreso, el gravamen ha sido derogado.

 

El conocido impuesto cedular, implementado por la reforma tributaria del 2017, gravaba las rentas o rendimientos producto de la colocación de capital en valores tales como títulos públicos, obligaciones negociables, títulos de deuda de fideicomisos, cuotas partes de renta de fondos comunes de inversión, intereses originados en depósitos a plazo fijo en instituciones bancarias regidas por la Ley 21.526, bonos y demás valores.  Durante su corta vigencia, resulto un impuesto complejo que genera mucho costo administrativo para el contribuyente que lo tiene que pagar y para la AFIP que tiene que recaudarlo.

 

Incorporado en el nuevo paquete de medidas de inicio del nuevo gobierno, el detalle de la norma resultó difícil de desentrañar incluso para los tributaristas más experimentados. En ella, se establece una derogación incorporada a partir del ejercicio fiscal 2020. De esta manera, quedan exentos del impuesto los plazos fijos, obligaciones negociables, títulos públicos, fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros que tienen activos subyacentes.

Sin embargo, el impuesto no se elimina del todo y quedarán gravados instrumentos como los plazos fijos en pesos “ajustables” (por UVA, por ejemplo), las acciones de los bancos argentinos que cotizan en Wall Street (ADR) y las monedas digitales. Pero pasan a estar gravados los plazos fijos en dólares o con cláusula de ajuste, y en este caso la alícuota ya no tiene un techo de 15%, sino que es progresiva. Al quedar la alícuota progresiva, se suman todas las Ganancias y es muy fácil llegar al 35%.

Con un claro objetivo por incentivar la inversión financiera en moneda local (con excepción de los títulos públicos), esta medida también busca paliar la falta de rentabilidad en activos financieros luego de un año con altísimas tasas de inflación mensuales e inversiones que muchas veces otorgan rendimientos negativos y estaban gravadas impositivamente.  

 

Entendemos que el gobierno intentará generar un marco normativo que incentive a los inversores a recuperar el mercado financiero, principalmente con el objetivo de bajar las tasas y mejorar el crédito. Dicho objetivo estará condicionado por el desempeño en el manejo de la deuda, pero sin dudas una normativa de estas características contribuye a mejorar el incentivo a invertir en este tipo de instrumentos. 

Por: Federico Garcia