La  problemática de facturas apócrifas ha sido y continua siendo muy compleja,  existiendo, en tal sentido, suficiente jurisprudencia, y en particular en materia de los denominados “proveedores apócrifos”.

Es de destacar que,  en muchos casos, el Fisco no objeta la veracidad de las operaciones (compra de bienes normalmente) sino que las mismas se hayan hecho a través de proveedores “non sanctos ”,  motivo por el cual no impugna el gasto en Ganancias, pero si el crédito fiscal de IVA y, a su vez, pretende la aplicación de Salidas No Documentadas ( Art. 37 LIG) ante el desconocimiento del verdadero beneficiario.

Generalmente esto se origina por ajustes practicados  en inspecciones ante la detección de proveedores incluidos en la famosa Base APOC confeccionada por AFIP.  Recordamos que dicha base no se encuentra regulada por ninguna norma; por lo tanto, al no existir pautas claras y legisladas taxativamente,  nos enfrentamos ante un  marco “discrecional” y “arbitrario”  por parte del Fisco, como es la inclusión de los contribuyentes calificados de apócrifos en dicho padrón. El agravante  de esto es que, en la práctica, en muchas ocasiones  o en la mayoría de los casos,  los proveedores apócrifos son ingresados a la base tiempo después de que se concretó la operación cuestionada.

La impugnación de tales operaciones por parte del Fisco, por tratarse de supuestos proveedores apócrifos, se basa en lo que la doctrina ha denominado como presunciones,  es decir, considerar  o aceptar una cosa como verdadera o real a partir de ciertos indicios o hechos, sin la certeza o el sustento legal suficiente.

Este tema  es de trascendental importancia, no sólo por el perjuicio económico que le puede acarrear al contribuyente,   sino también  por las implicancias en materia de la ley Penal Tributaria.  Vale recordar que la normativa legal  vigente – Ley Penal Tributaria –   establece el supuesto de  “defraudación o evasión fiscal agravada” cuando hubiere mediado la utilización total o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente ideológica o materialmente falsos, siempre que el perjuicio  generado por tal concepto superare la suma de $ 1,5 millones.

Es en tal sentido e interpretación, y en resguardo  a la seguridad jurídica y patrimonio de los contribuyentes en general y de nuestros asociados en particular, que el Departamento de Política Tributaria del CECIS considera oportuno efectuar una suerte de recomendaciones, en particular:

  1. Imprimir la Constancia de Inscripción en AFIP del Proveedor de bienes o prestador de servicios, constatando en qué impuestos y desde cuando está inscripto, y relacionándolo con el bien o servicio que prestará o proveerá a la empresa.
  2. Verificar siempre en el Registro de Facturas Apócrifas en la página de AFIP (Usinas) y efectuar la impresión de la constancia emitida por el sistema, la que se archivará como prueba de que al momento de efectuarse las operaciones, el proveedor no figuraba en la Base Apoc (e-apoc) del Fisco.
  • Efectuar el pago de las facturas según las previsiones del Artículo 1º de la Ley de Prevención de la Evasión Fiscal 25.345. En caso de tener un sistema informático que lo permita, también es aconsejable emitir las Órdenes de Pago correlativas y hacerlas firmar por el perceptor del mismo.
  1. Actuar como Agente de Retención en el Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado o Regímenes de Retención de la Seguridad Social (SUSS), en caso de corresponder.
  2. Asegurarse siempre de que el emisor de la factura sea quien efectivamente vendió el bien o prestó el servicio, tratando en lo posible de no aceptar facturas emitidas por personas físicas o jurídicas distintas a los reales beneficiarios de los pagos.

Es importante aclarar que una vez producida la fiscalización o el reclamo por parte del Organismo Recaudador, aun cuando el asociado haya dado cumplimiento a todos los requisitos formales enunciados, el efecto jurídico es que se invierte la carga de la prueba. Por lo tanto, será el propio contribuyente el que deberá demostrar la veracidad de los hechos, aportando todas las pruebas extras que considere necesarias para acreditar la realidad de las operaciones impugnadas.

Si bien es muy amplio el abanico de pruebas que se pueden esgrimir, podemos citar, a modo de ejemplo y sin que sean las únicas, algunas de ellas:

  1. Exhibir la documentación relativa al traslado de los bienes recibidos emitidas por el proveedor, como remitos o guía de traslado, entre otras.
  2. Presupuestos enviados por los proveedores de bienes y/o servicios anteriores a la recepción de los bienes o prestación de los servicios.
  3. Ordenes de pedidos emitidos por la empresa, en caso de existir.
  4. Demostrar el ingreso de los bienes en el stock de mercaderías de la empresa, mediante el aporte de informes de recepción de mercaderías o similares.
  5. Documentación relativa a la utilización de las materias primas recibidas, como órdenes de fabricación o similares.
  6. Relacionar la cantidad de productos vendidos, con el tipo de materias primas y el volumen de las mismas que fueron necesarias para producirlos.

Por otra parte, de la extensa jurisprudencia analizada en las diferentes instancias judiciales, es evidente que el Fisco nacional es bastante más riguroso para impugnar el Crédito Fiscal en el IVA que para permitir el cómputo de los gastos en el Impuesto a las Ganancias, siendo asimismo más proclive a aceptar la validez de las compras de bienes que de las prestaciones y/o locaciones de servicios. Por lo tanto, en el caso de estas últimas, se deberán extremar los recaudos formales al momento de recibir la documentación de compra y/o efectuarse los pagos.

Finalmente destacamos que el Departamento de Política Tributaria queda a disposición de todos los asociados del CECIS para aclarar las dudas o contestar las consultas que pudieran plantearse, tanto en forma individual o general como a través de las Cámaras empresariales que los representan.