Resulta alarmante la cantidad de requerimientos de “fiscalización simplificada” que reciben los contribuyentes de Córdoba en sus e mails.  En dichos requerimientos se solicita al contribuyente que brinde información limitándose a completar “casilleros” de un formulario web, o a través de la FAN PAGE de Facebook.

Esta solicitud es irracional y contrario a derecho, dado que existe un procedimiento administrativo regulado por ley, que debe cumplirse. Por otro lado, se está  vulnerando el derecho de defensa del contribuyente.

Además de no cumplir el debido proceso adjetivo que resguarda nuestra CN, estos requerimientos implican una ampliación de las atribuciones de las autoridades en desmedro de los derechos de los ciudadanos.

Cabe resaltar que Rentas excede sus competencias y facultades al solicitar información que no está vinculada a ningún impuesto provincial (v.g: solicitud de DDJJ de IVA COMPRAS); o al pedir los datos de los principales clientes y proveedores. Esto último se traduce en una intromisión a la habilidad del comerciante para desarrollar su negocio.

El Fisco inicia su “pseudo” procedimiento considerando que el contribuyente es incumplidor, y recae en el ciudadano demostrar lo contrario. Por ejemplo, intima al contribuyente a rectificar el impuesto sobre ingresos brutos porque “cruzó información con AFIP en relación a las DDJJ de IVA” y estimó que todas las compras declaradas se han vendido en esos periodos.

La cuestión no radica en si existió o no un impuesto mal declarado y mal ingresado. El punto es que el Fisco debe llegar a esa conclusión por medio del procedimiento que está marcado por la Ley, esto es la determinación de oficio. En cambio, lo que hace el Estado es asustar a los contribuyentes o ponerlos en la difícil situación de tener que “presentar un descargo” en medio de un procedimiento no reglado, y absolutamente discrecional.

En primer lugar, el Fisco no puede enviar arbitrariamente requerimientos a cualquier contribuyente, sino que deben existir causas fundamentadas para hacer una inspección tributaria. En segundo lugar, el Fisco debe notificarle al contribuyente que se le hará una inspección y después enviar los requerimientos.

La jurisprudencia en 2015 asi lo sostuvo: “… si bien el Cód. Trib. Prov. Nada dice al respecto, nos parece por demás conveniente y necesario que todo inicio de fiscalización sea debidamente notificado al administrado, con clara mención del tributo y períodos a ser auditados, la identificación de los funcionarios habilitados a intervenir, la dependencia a la que pertenecen, y todo otro dato que permita establecer el marco legal y fáctico del procedimiento en marcha. Tal previsión no ha sido receptada legalmente, pero hace a la buena fe del Fisco en su relación con los contribuyentes.”[1]

¿Qué hacer cuando se recibe una notificación del Fisco?

Es necesario el trabajo en equipo entre el contador del contribuyente y un abogado que entienda el derecho tributario y garantice que se desarrolle el procedimiento según lo que determina la ley. De lo contrario, existe la posibilidad de que el contribuyente por su cuenta, o el contador con la mejor buena fe, intenten resolver la situación tirando por la borda el principio de que nadie puede declarar contra sí mismo. En el peor de los casos, hasta pueden ofrecer pruebas que luego sean usadas –maliciosamente- en su contra.

Por este motivo debe existir una participación activa en el procedimiento administrativo (sea la etapa de inicio de inspección y requerimientos, o en la determinación de oficio) para ejercer una debida defensa.

Hace 5 años obtuvimos el primer pronunciamiento judicial[2]del Dr. Rolando Oscar Guadagna, que luego fue confirmado en segunda instancia[3], sobre los requerimientos de información que envía Rentas a los contribuyentes de la provincia de Córdoba. La situación actual es igual o peor.

Nos oponemos terminantemente a este intento de Inteligencia Fiscal –como se hace llamar ahora la ex Policía Fiscal- de aplicar el principio de informalismo a favor de la administración y en contra del administrado.

Lamentablemente esto deja al contribuyente en la situación de recurrir a profesionales que lo asesoren y lo defiendan; o  sucumbir a los caprichos fiscales para terminar en un laberinto cuya única salida parece ser el ajuste del impuesto.

 


[1]“DE SCISCIOLO, LILIANA MARINA C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – ABREVIADO – EXPEDIENTE Nº 1753940”, Juzgado Civil, Comercial y Familia de 3ª Nominación de Río Cuarto,3 de agosto de 2015.

[2]Ídem anterior

[3]“DE SCISCIOLO, LILIANA MARINA C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – ABREVIADO – EXPEDIENTE Nº 1753940” Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Contencioso Administrativa de 1ª nominación.  Resolucion N° 87, del 19/10/2016