La ausencia del Estado y las fallas regulatorias ponen en jaque a toda la industria de combustibles líquidos renovables.

En los años 80, Argentina y Brasil lanzaron planes para introducir alcohol en su matrices de combustibles líquidos, dependientes de los fósiles contaminantes y de las importaciones. Lamentablemente, al poco tiempo, Argentina abandonó su plan, conocido como “Alconafta”. Brasil, en cambio, lo consideró una política de Estado y siguió con su programa hasta convertirse en la mayor potencia mundial en producción y uso de combustibles renovables para automotores.

En 2006, consciente de su error, Argentina volvió al ataque con los biocombustibles, estableciendo un corte de las naftas que fue creciendo progresivamente de 5% hasta el 12% actual, y un corte de 5% de biodiesel, que ahora se ubica en 10%, con un marco jurídico que le dio al Estado plena responsabilidad regulatoria, tanto en lo referido a los precios como a la distribución del volumen.

Los resultados fueron muy positivos: más de 1.000 millones de dólares de inversión en decenas de  plantas localizadas en economías regionales de todo el país, 40.000 empleos, millones de toneladas de CO2 ahorradas por menor impacto ambiental, reemplazo de octanos cancerígenos, y sustitución de importaciones por miles de millones de dólares. ¿Quién da más? ¿Quién dio más?

A este “milagro económico y ambiental” hay que sumarle el valor agregado de los coproductos, como la proteína de maíz para alimentación animal (burlanda), glicerina, energía eléctrica renovable, fertilizantes naturales, entre otros, integrando así la actividad en su conjunto en la economía circular.

Pero (siempre hay un “pero” en Argentina), luego de unos años de razonable implementación de la ley, las fallas de regulación y la ausencia del Estado se hicieron presentes, dejando a esta nueva industria a la deriva en momentos en las que atraviesa una  tormenta perfecta: a una caída de 25% de la demanda, con picos de derrumbe de 80%, el gobierno le agregó un congelamiento arbitrario del precio que ya lleva nueve meses y que pone a la industria al borde del colapso. La falta de gestión tiene consecuencias graves: las plantas de biodiesel están paradas y las del bioetanol trabajando a pérdida para no afectar los puestos de trabajo mientras espera que el Estado “actualice” el precio.

La desaparición del Estado en un sector regulado lleva asimismo a tensiones entre privados. Las refinadoras de petróleo se niegan a pagar los biocombustibles el bioetanol a un precio razonable. Se trata de una pelea desigual en cuanto a poderío económico y poder de “lobby” en una Secretaría de Energía liderada históricamente por funcionarios allegados al mundo de los combustibles contaminantes y menos afín a la riqueza y a la fuerza de la Agroindustria, una de las pocas áreas en las que la Argentina brilla mundialmente por su eficiencia y su productividad.

La situación actual, que rememora el inicio del derrumbe del Plan Alconafta de los años ochentas, se combina con una preocupación por el mediano plazo: en mayo de 2021 vence la actual ley de biocombutibles y el muy buen dialogo llevado con el Ministro Kulfas y su equipo para acordar una nueva norma ha quedado trunco por el cambio de autoridades y de organigrama en el gobierno.

Hemos informado a los funcionarios que, en un hecho inédito, las provincias bioenergéticas, con Córdoba, Tucumán y Santa Fe a la cabeza, junto a la industria en su conjunto, consensuaron una nueva normativa que promueve un mayor uso de los biocombustibles.

 

El nuevo esquema, que demandó casi dos años de trabajo, está a disposición del Ministro de Economía y del Secretario de Energía, pero nunca acusaron recibo del mismo. ¿Piensan realmente destruir una industria verde y pujante que le permite a la Argentina avanzar en el cumplimiento de los tratados internacionales sobre el cambio climático?

Es hora de tomar el toro por las astas: el Estado debe jugar su rol. A la urgente adecuación del precio del biodiesel y del bioetanol, le debe seguir un debate por la nueva ley de biocombustibles: la Argentina no puede permitirse frenar el crecimiento y llevar al colapso de una industria federal que emplea a 40.000 personas, y que está en condiciones de multiplicar sus beneficios ambientales, sociales, sanitarios y económicos en todo el país.